Jacob tardó cuatro años en llegar a España desde que
salió de Gambia. Aquí, pasaron tres y medio hasta que se regularizó
Tres migrantes que llegaron por distintas vías y con
situaciones legales diversas cuentan esa otra travesía que tuvieron que iniciar
nada más poner pie en España. Acoso de algunos policías, los CIE, los CETI,
discriminación… Pero sus historias son también de esperanza.
Cuando Jacob Ceesay salió de Gambia hace casi ocho
años en busca de futuro todo era incertidumbre. Su deseo era llegar a Europa
como tantos subsaharianos. El viaje, que emprendió con 23 años, le llevó por la
vecina Senegal, en camiones por Mali y en un Toyota para cruzar el Sáhara hasta
Libia, donde vivió los peores momentos de su vida.
Allí estuvo más de dos años, trabajando para reunir el
dinero que le llevaría a Italia; y allí conoció los horrores de la guerra entre
los fieles al derrocado Gadafi y los rebeldes. Desde entonces, no es capaz de
conciliar el sueño más de tres o cuatro horas seguidas cada noche. Se despierta
sobresaltado. «Muchos africanos, cuando emprenden el viaje a Europa, no saben
que van a encontrar tanto sufrimiento», explica.
En 2012 por fin escapó del infierno libio y consiguió
llegar a las costas de Italia, desde donde emprendió rumbo a Francia como paso
previo a su llegada a nuestro país. El tren que le llevaba de París a Barcelona
se detuvo al cruzar la frontera en Portbou y su viaje también se paró. Fue
allí, en esa localidad gerundense de frontera, donde comenzó otro viaje:
afortunadamente, el que se ha completado con su regularización, o lo que es lo
mismo, con un permiso de residencia que acaba de renovar.
Al igual que el joven gambiano, los migrantes sin
papeles que llegan a nuestras fronteras, playas, pueblos y ciudades tienen,
además, que sobreponerse a una serie de factores que hacen que su integración
–social, cultural, laboral…– en nuestra sociedad les sea más complicada. A
Jacob no le brindaron una amable acogida cuando pisó por primera vez suelo
español. La Policía Nacional le tomó los datos, las huellas y quiso devolverlo
a Francia.
Sin éxito, pues los agentes españoles habían sido los
primeros que dieron fe de su presencia en Europa: España era su primer país en
el viejo continente. Allí sufrió la ira, insultos y el abuso de un policía, que
le dejó en tierra de nadie entre Francia y España, desde donde regresó a
Portbou tras horas de caminata. Cuando volvió, recibió más insultos y finalmente
le dejaron ir, con una orden de expulsión cual espada de Damocles, con destino
a un centro de la Cruz Roja.
En España, «los abusos policiales contra inmigrantes
existen, aunque no se puede estigmatizar a todo el colectivo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad». Quien habla es Esteban Ibarra, presidente del Movimiento
contra la Intolerancia. Cree que se han producido excesos, pero aclara que la
mayoría de los agentes trabajan bien y saben distinguir en un barrio entre el
foco delictivo y los vecinos. A su juicio, vendría bien poner en marcha un plan
de formación que ahonde en «el trato ciudadano», que se podría extender a otras
profesiones.
Acoso a vendedores ambulantes
La Asociación Sin Papeles viene denunciando en los
últimos meses el aumento de acoso policial en Madrid, fundamentalmente, a
migrantes que se dedican a la venta ambulante en gran parte por la Policía
Municipal. Maite Zabalza trabaja en la asociación y, además, se encarga del
registro de agresiones del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, una
entidad puesta en marcha recientemente por los Dominicos que pretende trabajar
en favor de las mujeres víctimas de trata y de los migrantes. Zabalza narra
para Alfa y Omega uno de los últimos casos: «Sucedió en la
céntrica plaza de Ópera.
Un joven africano de 20 años vende las bombetas
típicas de las fiestas navideñas cuando un agente de paisano se abalanza sobre
él y le tira al suelo. Luego le enseña la placa y le pide que se identifique.
Hay testigos. La Policía puede intervenir, pero no de esa manera, con un trato
violento». Por su experiencia, Maite explica que todavía se criminaliza mucho a
los migrantes y que son los más visibles por su color de piel, «pues son los
que más reciben». En cualquier caso, cree que el Ayuntamiento de Madrid se está
tomando esto en serio esta situación y está poniendo de su parte.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de
Madrid, Javier Barbero, aseguró a este semanario que de producirse alguna
conducta de este tipo se trataría de casos puntuales, y añadió que, del mismo
modo que no se puede criminalizar a los inmigrantes, no se debe criminalizar a
la Policía.
Jacob entendió meses después de aquella accidentada
entrada en España los insultos que aquel policía le gritaba en Portbou. Había
cambiado Cataluña por Andalucía; Villanueva del Arzobispo, en Jaén, para más
señas, desde donde llegaría a Córdoba. Allí, en la ciudad de la
mezquita-catedral, Jacob colaboró con la Policía Nacional como intérprete de
paisanos suyos y de senegaleses que no hablaban más que lenguas locales.
Es la
paradoja del sistema: sin papeles y con una orden de expulsión, trabajando mano
a mano con la Policía. Esa experiencia, así como su vinculación con Cruz Roja,
le ayudaría cuando, instalado en Madrid, fue interceptado por la Policía, encerrado
en un calabozo y llevado ante el juez. No quedaba mucho para que su orden de
expulsión expirase y el magistrado le dejó en libertad, con un documento en el
que él mismo la atestiguaba. Todo fue un poquito más fácil y gracias a
organizaciones como CEAR, primero, y Pueblos Unidos, después, ahora puede
moverse libremente por la ciudad, vive emancipado de cualquier recurso para
migrantes y trabajaba para seguir creciendo en nuestro país.
Inmerso en ese viaje está David, de Camerún. Lleva 15
meses en España y le quedan otros 19 para poder iniciar los trámites del
permiso de residencia. Entró en España el 13 de octubre de 2015 tras saltar la
valla de Ceuta y aguantar unas cuatro horas en el agua hasta que la Cruz Roja y
la Policía le llevaron a tierra. Con él, otras 155 personas intentaron cumplir
el sueño de llegar a Europa, aunque lo consiguieron poco más de la mitad.
La valla, tanto de Ceuta como de Melilla, es el cartel
de bienvenida que reciben cientos de inmigrantes cada año. Allí, la situación
ha empeorado tras la Ley de Seguridad Ciudadana, que dio legalidad a las
devoluciones en caliente, como dice el vicario de Pastoral Social e Innovación
de la archidiócesis de Madrid, «a tratar a las personas que llegan a las
fronteras como fardos, sin preguntar si vienen de situaciones de trata o de
violencia».
El pasado Año Nuevo, un intento de salto masivo de la valla de
Ceuta volvió a acabar, según han denunciado varias ONG, con más de un centenar
de inmigrantes devueltos a Marruecos de este modo. David se libró de ser
devuelto cuando llegó a España, pero no evitó una estancia de tres meses en el
CETI de Ceuta, un centro en el que, en diciembre de 2016, vivían unos 1.200
inmigrantes a pesar de que su capacidad es ligeramente superior a las 500
plazas. «Había habitaciones con más de diez personas», cuenta a este semanario.
Este joven camerunés de 29 años se siente afortunado y, aunque le queda camino
por recorrer, es optimista. Ahora vive en Madrid en un recurso de los jesuitas
mientras realiza estudios de cocina y restauración. Tiene en mente, con el
tiempo, llegar a realizar una formación profesional superior.
Escapar de la guerra
El caso de Guellord Touringi Ngosa es también
paradigmático. Escapó en 2007 de su país, República Democrática del Congo, por
la violencia e inestabilidad política que acabaron con la vida de sus padres.
Su travesía duró años y discurrió por hasta ocho países. Finalmente, en
diciembre de 2015, consiguió llegar a las costas de Almería en una embarcación
que partió de Nador. La bienvenida que recibió fueron tres días en los
calabozos para luego ser trasladado al CIE de Tarifa.
Guellord fue una de las
6.930 personas que fueron internadas en un centro de estas características en
España, que suponen la privación de libertad para unas personas que solo han
cometido una falta administrativa. De hecho, en algunos de ellos, la situación
es peor que en una prisión, tal y como se pone de manifiesto en los informes
que cada año publica el Servicio Jesuita a Migrantes. Pero no solo las
organizaciones eclesiales o las ONG atestiguan esta situación. La juez Belén
Barranco censuró el «régimen carcelario» y las condiciones de los CIE de Tarifa
y Algeciras, así como la «absoluta masificación» del primero.
Esa masificación provoca que la diócesis de Cádiz, a
través del Secretariado de Migraciones y su centro Tierra de Todos, acoja junto
con la Asociación Cardjin a numerosos inmigrantes. Guellord es uno de ellos. Tiene
cobijo, le han ayudado a formular la solicitud de asilo, que está admitida a
trámite y tiene la carta provisional de protección internacional, y le ofrecen
formación.
A pesar de todo, Jacob, David y Guellord dejan un poso
de esperanza. Así lo cree Alberto Ares, delegado del Sector Social de los
jesuitas, que promueven una campaña por la hospitalidad: «Las personas
migrantes son portadoras de esperanza. Esperanza de un mundo en paz, de que es
posible una vida mejor. Al llegar a Europa, buscan seguridad y trabajo, pero,
sobre todo, reconocimiento y respeto. Una sociedad que se cierra se envilece,
se empobrece. Una sociedad que se abre al encuentro y a la diversidad, se
enriquece».
Fran Otero @franoterof
Fuente: Alfa y Omega