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13 de enero de 2017

DE GAMBIA A ESPAÑA Y DE ESPAÑA A LA REGULARIZACIÓN: LOS DOS VIAJES DE JACOB

Jacob tardó cuatro años en llegar a España desde que salió de Gambia. Aquí, pasaron tres y medio hasta que se regularizó

Tres migrantes que llegaron por distintas vías y con situaciones legales diversas cuentan esa otra travesía que tuvieron que iniciar nada más poner pie en España. Acoso de algunos policías, los CIE, los CETI, discriminación… Pero sus historias son también de esperanza.

Cuando Jacob Ceesay salió de Gambia hace casi ocho años en busca de futuro todo era incertidumbre. Su deseo era llegar a Europa como tantos subsaharianos. El viaje, que emprendió con 23 años, le llevó por la vecina Senegal, en camiones por Mali y en un Toyota para cruzar el Sáhara hasta Libia, donde vivió los peores momentos de su vida.
Allí estuvo más de dos años, trabajando para reunir el dinero que le llevaría a Italia; y allí conoció los horrores de la guerra entre los fieles al derrocado Gadafi y los rebeldes. Desde entonces, no es capaz de conciliar el sueño más de tres o cuatro horas seguidas cada noche. Se despierta sobresaltado. «Muchos africanos, cuando emprenden el viaje a Europa, no saben que van a encontrar tanto sufrimiento», explica.
En 2012 por fin escapó del infierno libio y consiguió llegar a las costas de Italia, desde donde emprendió rumbo a Francia como paso previo a su llegada a nuestro país. El tren que le llevaba de París a Barcelona se detuvo al cruzar la frontera en Portbou y su viaje también se paró. Fue allí, en esa localidad gerundense de frontera, donde comenzó otro viaje: afortunadamente, el que se ha completado con su regularización, o lo que es lo mismo, con un permiso de residencia que acaba de renovar.
Al igual que el joven gambiano, los migrantes sin papeles que llegan a nuestras fronteras, playas, pueblos y ciudades tienen, además, que sobreponerse a una serie de factores que hacen que su integración –social, cultural, laboral…– en nuestra sociedad les sea más complicada. A Jacob no le brindaron una amable acogida cuando pisó por primera vez suelo español. La Policía Nacional le tomó los datos, las huellas y quiso devolverlo a Francia.
Sin éxito, pues los agentes españoles habían sido los primeros que dieron fe de su presencia en Europa: España era su primer país en el viejo continente. Allí sufrió la ira, insultos y el abuso de un policía, que le dejó en tierra de nadie entre Francia y España, desde donde regresó a Portbou tras horas de caminata. Cuando volvió, recibió más insultos y finalmente le dejaron ir, con una orden de expulsión cual espada de Damocles, con destino a un centro de la Cruz Roja.
En España, «los abusos policiales contra inmigrantes existen, aunque no se puede estigmatizar a todo el colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Quien habla es Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Cree que se han producido excesos, pero aclara que la mayoría de los agentes trabajan bien y saben distinguir en un barrio entre el foco delictivo y los vecinos. A su juicio, vendría bien poner en marcha un plan de formación que ahonde en «el trato ciudadano», que se podría extender a otras profesiones.
Acoso a vendedores ambulantes
La Asociación Sin Papeles viene denunciando en los últimos meses el aumento de acoso policial en Madrid, fundamentalmente, a migrantes que se dedican a la venta ambulante en gran parte por la Policía Municipal. Maite Zabalza trabaja en la asociación y, además, se encarga del registro de agresiones del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, una entidad puesta en marcha recientemente por los Dominicos que pretende trabajar en favor de las mujeres víctimas de trata y de los migrantes. Zabalza narra para Alfa y Omega uno de los últimos casos: «Sucedió en la céntrica plaza de Ópera. 
Un joven africano de 20 años vende las bombetas típicas de las fiestas navideñas cuando un agente de paisano se abalanza sobre él y le tira al suelo. Luego le enseña la placa y le pide que se identifique. Hay testigos. La Policía puede intervenir, pero no de esa manera, con un trato violento». Por su experiencia, Maite explica que todavía se criminaliza mucho a los migrantes y que son los más visibles por su color de piel, «pues son los que más reciben». En cualquier caso, cree que el Ayuntamiento de Madrid se está tomando esto en serio esta situación y está poniendo de su parte.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de Madrid, Javier Barbero, aseguró a este semanario que de producirse alguna conducta de este tipo se trataría de casos puntuales, y añadió que, del mismo modo que no se puede criminalizar a los inmigrantes, no se debe criminalizar a la Policía.
Jacob entendió meses después de aquella accidentada entrada en España los insultos que aquel policía le gritaba en Portbou. Había cambiado Cataluña por Andalucía; Villanueva del Arzobispo, en Jaén, para más señas, desde donde llegaría a Córdoba. Allí, en la ciudad de la mezquita-catedral, Jacob colaboró con la Policía Nacional como intérprete de paisanos suyos y de senegaleses que no hablaban más que lenguas locales. 
Es la paradoja del sistema: sin papeles y con una orden de expulsión, trabajando mano a mano con la Policía. Esa experiencia, así como su vinculación con Cruz Roja, le ayudaría cuando, instalado en Madrid, fue interceptado por la Policía, encerrado en un calabozo y llevado ante el juez. No quedaba mucho para que su orden de expulsión expirase y el magistrado le dejó en libertad, con un documento en el que él mismo la atestiguaba. Todo fue un poquito más fácil y gracias a organizaciones como CEAR, primero, y Pueblos Unidos, después, ahora puede moverse libremente por la ciudad, vive emancipado de cualquier recurso para migrantes y trabajaba para seguir creciendo en nuestro país.
Inmerso en ese viaje está David, de Camerún. Lleva 15 meses en España y le quedan otros 19 para poder iniciar los trámites del permiso de residencia. Entró en España el 13 de octubre de 2015 tras saltar la valla de Ceuta y aguantar unas cuatro horas en el agua hasta que la Cruz Roja y la Policía le llevaron a tierra. Con él, otras 155 personas intentaron cumplir el sueño de llegar a Europa, aunque lo consiguieron poco más de la mitad.
La valla, tanto de Ceuta como de Melilla, es el cartel de bienvenida que reciben cientos de inmigrantes cada año. Allí, la situación ha empeorado tras la Ley de Seguridad Ciudadana, que dio legalidad a las devoluciones en caliente, como dice el vicario de Pastoral Social e Innovación de la archidiócesis de Madrid, «a tratar a las personas que llegan a las fronteras como fardos, sin preguntar si vienen de situaciones de trata o de violencia». 
El pasado Año Nuevo, un intento de salto masivo de la valla de Ceuta volvió a acabar, según han denunciado varias ONG, con más de un centenar de inmigrantes devueltos a Marruecos de este modo. David se libró de ser devuelto cuando llegó a España, pero no evitó una estancia de tres meses en el CETI de Ceuta, un centro en el que, en diciembre de 2016, vivían unos 1.200 inmigrantes a pesar de que su capacidad es ligeramente superior a las 500 plazas. «Había habitaciones con más de diez personas», cuenta a este semanario. Este joven camerunés de 29 años se siente afortunado y, aunque le queda camino por recorrer, es optimista. Ahora vive en Madrid en un recurso de los jesuitas mientras realiza estudios de cocina y restauración. Tiene en mente, con el tiempo, llegar a realizar una formación profesional superior.
Escapar de la guerra
El caso de Guellord Touringi Ngosa es también paradigmático. Escapó en 2007 de su país, República Democrática del Congo, por la violencia e inestabilidad política que acabaron con la vida de sus padres. Su travesía duró años y discurrió por hasta ocho países. Finalmente, en diciembre de 2015, consiguió llegar a las costas de Almería en una embarcación que partió de Nador. La bienvenida que recibió fueron tres días en los calabozos para luego ser trasladado al CIE de Tarifa. 
Guellord fue una de las 6.930 personas que fueron internadas en un centro de estas características en España, que suponen la privación de libertad para unas personas que solo han cometido una falta administrativa. De hecho, en algunos de ellos, la situación es peor que en una prisión, tal y como se pone de manifiesto en los informes que cada año publica el Servicio Jesuita a Migrantes. Pero no solo las organizaciones eclesiales o las ONG atestiguan esta situación. La juez Belén Barranco censuró el «régimen carcelario» y las condiciones de los CIE de Tarifa y Algeciras, así como la «absoluta masificación» del primero.
Esa masificación provoca que la diócesis de Cádiz, a través del Secretariado de Migraciones y su centro Tierra de Todos, acoja junto con la Asociación Cardjin a numerosos inmigrantes. Guellord es uno de ellos. Tiene cobijo, le han ayudado a formular la solicitud de asilo, que está admitida a trámite y tiene la carta provisional de protección internacional, y le ofrecen formación.
A pesar de todo, Jacob, David y Guellord dejan un poso de esperanza. Así lo cree Alberto Ares, delegado del Sector Social de los jesuitas, que promueven una campaña por la hospitalidad: «Las personas migrantes son portadoras de esperanza. Esperanza de un mundo en paz, de que es posible una vida mejor. Al llegar a Europa, buscan seguridad y trabajo, pero, sobre todo, reconocimiento y respeto. Una sociedad que se cierra se envilece, se empobrece. Una sociedad que se abre al encuentro y a la diversidad, se enriquece».
Fran Otero @franoterof

Fuente: Alfa y Omega