Este domingo, 24 de junio, la diócesis guatemalteca
de Chimaltenango realizará «uno de los entierros dignos más extraordinarios»
desde la guerra
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| Una mujer sostiene un cartel del obispo, en la catedral de la Ciudad de Guatemala. Foto: CNS |
Las
exhumaciones fueron posibles gracias al informe Guatemala, nunca más, la
gran lucha del obispo Gerardi, en el que denunció los miles de asesinatos y
violencia sistemática contra la comunidad maya por parte del Estado,
especialmente cruda durante los años 80. Gerardi fue brutalmente asesinado dos
días después de publicar el informe, hace ahora 20 años. El proceso de
beatificación está en marcha.
Era
de noche. El 26 de abril de 1998 monseñor Juan Gerardi volvía a su residencia
en la iglesia de San Sebastián, en la Ciudad de Guatemala, tras pasar un rato
en familia. Fue asesinado a golpes, brutalmente, en el garaje de la casa
sacerdotal. Su cara quedó desfigurada de tal manera que tuvieron que
reconocerle por el anillo episcopal y por los posteriores análisis forenses.
Dos
días antes del crimen, el obispo había hecho público un informe en cuatro tomos
titulado Guatemala, nunca más, en el que sostenía que el 93 % de los
actos violentos –asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones– ocurridos
durante los 37 años de guerra civil habían sido obra de las Fuerzas del Estado.
«Él se dedicó casi por completo a este informe, con la esperanza de conocer la
verdad por medio de testimonios para que el pasado no se repitiera más, ya que
estaba convencido de que la paz y la reconciliación se lograrían solamente a
través de la verdad», afirman desde la Iglesia en Guatemala.
El
que se conoce como el Romero guatemalteco fue nombrado obispo de El
Quiche en 1974, año en que la situación de violencia se recrudecía en el
territorio, uno de los más pobres de Guatemala. «Allí la lucha entre Ejército y
guerrilla se volvía cada día más fuerte. Cientos de catequistas y líderes de
las comunidades cristianas, casi todos mayas, fueron asesinados», explican
desde la Conferencia Episcopal de Guatemala. «El Ejército consideró que estas
comunidades simpatizaban con la guerrilla –responsable del 3 % de los actos de
violencia, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, avalada
por Naciones Unidas–, algo que en la mayor parte de los casos no era cierto»,
afirma en conversación con Alfa y Omega Nery Ródenas, actual director
ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), creada ex profeso por Gerardi.
Numerosos
sacerdotes y religiosos «tuvieron la valentía de denunciar lo que estaba
pasando, y por eso fueron considerados enemigos del sistema», señala Ródenas.
Murieron asesinados, y de hecho, «recientemente uno de ellos, Stanley Rother,
ha sido beatificado –fue el primer estadounidense declarado como mártir por la
Iglesia católica–». Un sacerdote italiano, Tulio Maruzzo, también será
beatificado este mes de octubre.
Genocidio maya
«La
realidad es que en Guatemala hubo un genocidio: el objetivo del Ejército era
exterminar al pueblo maya», sentencia Ródenas, impulsor de la causa de
beatificación del obispo guatemalteco, puesta en marcha este 2018, cuando se
cumplen 20 años de su asesinato. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico
fallecieron alrededor de 25.000 personas en la década de los 80, especialmente
entre 1981 y 1983. Tan solo las familias de la mitad de los asesinados supieron
dónde estaban los cuerpos, y un 34 % ha podido realizar un funeral o un
entierro. «Él, como todos, era patrullero. Estando en el parque fue capturado
por los soldados, en presencia de su hijo de 6 años. Lo tenían en el convento
parroquial. Nunca se supo cuándo lo mataron y dónde lo llevaron… a saber dónde
lo tiraron. Tantas veces lo fuimos a buscar», cuenta una mujer, archivada en el
informe del obispo como el caso 2978.
Gracias
a la labor de recopilación de testimonios de monseñor Gerardi se han realizado
cientos de exhumaciones durante estos 20 años. Según Ródenas, cerca de 300 han
tenido lugar en cementerios clandestinos, y aún continúan buscando personas
desaparecidas. «También mientras estaba vivo: junto al obispo hicimos la
primera exhumación cuando no existía la antropología forense en Guatemala,
cuando reinaban el horror y las amenazas», explicó la Nobel de la Paz Rigoberta
Menchú durante su visita a Madrid con motivo de la presentación del informe
sobre la vulneración de derechos humanos en la construcción de las
instalaciones del Mundial de fútbol de Catar. La guatemalteca siempre estuvo
ligada al prelado, quien lideró la denuncia de la muerte de su padre, Vicente
Menchú, y otros 36 líderes indigenistas, durante el asalto de la Policía a la
embajada española en Guatemala en enero de 1980. Este domingo, 24 de junio, en
la diócesis de Chimaltenango, «se hará uno de los entierros dignos más
extraordinarios gracias a esos informes», explicó Menchú. Un legado, el del
obispo, «inmortal, porque incluso los casos del informe han llegado a convertirse
en casos penales. Monseñor Gerardi es nuestro querido maestro, seguimos sus
pasos».
Acabar con la
semilla
Caso
6335, Barillas, Huehuetenango, 1981: «A una mujer embarazada de ocho meses le
cortaron la panza, le sacaron la criatura y lo juguetearon como pelota.
Quedaban los fetos colgando con el cordón umbilical». La mujer fue especial
víctima de la violencia de los soldados, porque «decían que había que acabar
con la semilla, es decir, con futuros guerrilleros. Por eso tuvieron lugar
estas acciones completamente terribles, como la extracción de los niños de los
vientres de las madres, o los asesinatos de los bebés estrellados contra las
rocas», afirma el director ejecutivo de la ODHAG.
También
hubo violaciones sexuales masivas realizadas por soldados. «Formó parte de la
maquinaria de la guerra, siendo frecuentes las agresiones a las mujeres delante
de sus familias», dice el informe Guatemala, nunca más. «“Entregá a tu
marido, si no, aquí mismo te morís”. Y la agarraron y la forzaron y le hacía
falta poco para dar a luz. Eran como 20 e hicieron lo que quisieron con ella»:
Caso 1791. «Él violó a la pequeña y después la dejó para que la siguieran
violando los demás. A mí no me gustaba participar en esas mierdas porque
después queda todo débil, pero aquellos pelaban y después la
mataron»: Informante clave 027.
¿Quién mató al obispo?
Tres
años después del asesinato, el 8 de junio de 2001, tras infinitos enredos y
contradicciones, un tribunal condenaba por el asesinato a 30 años de cárcel a
tres militares, el coronel retirado Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima
Oliva y el sargento Obdulio Villanueva, y a 20 años de prisión al sacerdote
Mario Orantes (coadjutor de la parroquia de San Sebastián), como encubridor de
los asesinos. Un veredicto que los periodistas Maite Rico y Bertrand de la
Grange, corresponsales en aquel momento de El País y Le
Monde, respectivamente, pusieron en tela de juicio tras una larga
investigación reflejada en su libro ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un
crimen político, en el que sostienen que fueron «el Gobierno, la Iglesia
[apuntan incluso a tres responsables entonces de la Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala], los cuerpos de seguridad, las bandas criminales
y los jueces», los que «encubrieron a los verdaderos culpables».
Los
periodistas señalan a Ana Lucía Escobar, sobrina de monseñor Efraín Hernández,
canciller de la Curia y párroco del Calvario, como posible autora del crimen.
«Sus credenciales ponen los pelos de punta: traficante en objetos de arte
sagrado robados de las iglesias, arrestada varias veces por asaltos,
secuestros, y por formar parte –acaso capitanear– de una banda de asesinos,
ladrones, contrabandistas y traficantes de drogas», señalaba en El
País el Nobel Vargas Llosa en un artículo sobre el asesinato del
reconocido prelado.
Nery
Ródenas desmonta esta teoría, y señala que este entramado es una consecuencia
de que «en Guatemala todavía haya sectores, incluso de la Iglesia, que
simpatizan poco con la figura de Gerardi». Desde el inicio, sostiene, «trataron
de desacreditarle y después de su muerte, el Ejército por medio de personas
infiltradas en la investigación, montaron la hipótesis» de que la sobrina del
canciller de la Curia estaba involucrada. Al igual que, según el director
ejecutivo de la ODHAG, «fue una invención la otra propuesta que ronda, la del
crimen pasional, que sostiene que el sacerdote Orantes era homosexual y que
Gerardi al descubrirlo fue asesinado».
Según
Ródenas, este sacerdote «estuvo en la escena del crimen y, de hecho, se
encontró sangre de monseñor en su habitación». Otra pieza clave del
esclarecimiento del caso fue el testimonio de Rubén Chanax, quien fingía ser un
indigente que pernoctaba fuera de la parroquia, «cuando en realidad era un
espía contratado por el coronel Lima para vigilarle».
Cristina
Sánchez Aguilar
Fuente: Alfa y Omega
