Amnistía Internacional
ha denunciado que, después de ser secuestrados y sufrir todo tipo de abusos a
manos de Boko Haram, muchos niños y niñas pasan a centros de reeducación más
parecidos a cárceles, donde se repiten las torturas
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| Foto: AFP Photo/Philip Ojisua |
Primero los islamistas de Boko
Haram los raptaron de sus hogares para convertirlos en combatientes a ellos o
en criadas y esclavas sexuales a ellas. Así pasaron semanas, meses o años,
hasta que llegó la liberación o lograron huir. Pero no siempre terminó la
pesadilla, pues muchos de estos menores pasaron a centros de educación más
parecidos a cárceles.
Amnistía Internacional ha
alertado de ello en el informe «Se nos secaron las lágrimas». Abordando
el peaje en los niños del conflicto en el noreste de Nigeria. Pero no se
trata solo de ellos.
Toda una generación de niños ha crecido en la última
década en los estados de Borno y Adawama, en el noreste de Nigeria, rodeados
por las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Boko Haram y las graves
violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército nigeriano en
represalia.
«La última década de
enconado conflicto entre el Ejército de Nigeria y Boko Haram ha supuesto un
ataque contra la infancia en sí misma en el noreste del país». Y a menos que se
actúe de forma urgente para proteger a estos niños y ofrecerles una educación,
Amnistía Internacional alerta del riesgo de que se conviertan en una auténtica
«generación perdida», sostiene la directora en funciones de respuesta a las
crisis de Amnistía, Joanne Mariner.
Secuestros y matrimonios
forzados
En su década de actividad,
Boko Haram –a la que desde 2016 se suma su escisión Estado Islámico en África
Occidental (ISWA)– ha cometido ataques a escuelas, secuestros generalizados,
reclutamiento y uso de niños soldados y matrimonios forzados de niñas y mujeres
con sus combatientes, hechos todos que, según recuerda Amnistía, constituyen
delitos de Derecho Internacional.
En las zonas bajo control
de los yihadistas, los menores han sido sometidos a tortura, incluidas
flagelaciones, además de ser obligados a presenciar ejecuciones públicas y
otros castigos brutales. Muchas de las niñas obligadas a casarse han tenido
hijos durante su cautiverio y una vez rescatadas o tras escapar apenas han
recibido ayuda para poder volver a la escuela, ganarse la vida o acceder a
apoyo psicosocial.
Una de ellas, de 17 años,
ha contado a la ONG su experiencia en el bosque de Sambisa, feudo tradicional
de Boko Haram: Su esposo le pegaba, sus «actividades diarias
incluían rezar, cocinar cuando había comida y asistir a lecciones del Corán»
además de ser testigo entre otras cosas de «lapidaciones y azotes con vara».
«Fue una experiencia horrible», asegura. Ahora, le gustaría poder volver a la
escuela, «pero no hay dinero».
También el Ejército
Pero el Ejército nigeriano «también
ha tratado de forma terrible a quienes lograban escapar de tal brutalidad»,
precisa Mariner, que cita entre otros abusos «detenciones ilegales en masa en
condiciones inhumanas hasta el uso de palizas y tortura, pasando por permitir
abusos sexuales a manos de reclusos adultos». «Resulta increíble que las
propias autoridades responsables de proteger a los menores les hayan podido
causar tanto daño», lamenta.
Quienes huyen de Boko Haram
son sometidos a un examen por el Ejército y la Fuerza Civil
Especial Conjunta que en muchos casos «implica torturas hasta que confiesan»
su pertenencia al grupo terrorista. Quienes se sospecha que pertenecen o
simpatizan con los yihadistas son recluidos durante meses o años «en pésimas
condiciones en centros de detención»: hacinamiento, falta de ventilación, calor
sofocante, excrementos en el suelo, acceso inadecuado a agua, alimentos y
atención sanitaria…
«Hasta hoy, nadie me ha
dicho por qué me trajeron aquí, qué había hecho, por qué me detuvieron», señala
a la ONG un niño de 14 años, que fue secuestrado por los terroristas y detenido
por el Ejército tras escapar. «Me pregunto “¿por qué huí?"».
Sin cargos ni abogado
Estas condiciones extremas
de detención «constituyen el crimen de guerra de tortura», subraya Amnistía, que
calcula que al menos 10.000 personas, entre ellas muchos menores, han muerto
bajo custodia durante el conflicto.
Desde 2015, la ONU ha
verificado la liberación de 2.879 menores que estaban bajo custodia militar,
según los datos trasladados a Amnistía, que resalta que «es probable que estas
cifras sean muy inferiores a las reales» teniendo en cuenta el limitado acceso
a los centros de detención militar.
En todo caso, incide la
organización, la mayoría de las detenciones son ilegales ya que los menores no son
acusados ni procesados por ningún delito y ven negados sus derechos de acceso a
asistencia letrada, a comparecer ante un juez o a comunicarse con sus familias.
«Las detenciones ilegales generalizadas podrían constituir crímenes de lesa
humanidad», previene Amnistía.
El papel de la comunidad
internacional
La organización ha
documentado abusos incluso en la operación Corredor Seguro, un programa
respaldado con millones de dólares por parte de la UE, Reino Unido y Estados
Unidos, entre otros. En virtud del mismo, en 2016 se creó un centro de
detención militar en las afueras de Gombe para desradicalizar y rehabilitar a
presuntos combatientes o simpatizantes de Boko Haram. Desde entonces, ha habido
cerca de 270 graduados.
Aunque las condiciones de
reclusión son mejores y se recibe apoyo psicosocial y educación para adultos,
la mayoría de quienes pasan por él, incluidos menores, no han sido informados
de la base jurídica de su arresto y todavía no tienen acceso a asistencia
letrada ni a un tribunal para impugnar su detención. Pese a que les prometieron
que su estancia sería de seis meses en algunos casos se prolonga hasta los 19.
Amnistía advierte también
de que el programa de formación profesional podría equivaler a trabajos
forzados, ya que la mayoría de los detenidos, si no todos, nunca han sido
declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde
zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración. Además, trabajan en
condiciones inseguras.
Compromiso con la educación
«Ninguno de los principales
donantes de Corredor Seguro autorizarían un sistema de detención prolongada e
ilegal para sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué lo permiten en Nigeria?»,
plantea Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
Incluso si los niños no
terminan detenidos tras huir del territorio de Boko Haram, acaban desplazados,
luchando por sobrevivir y sin prácticamente acceso a educación. «Un compromiso
con la educación infantil y la recuperación psicosocial podría suponer el
principio de un nuevo camino para el noreste del país», concluye.
Fuente: EP/Alfa y Omega
