Dependemos de las iglesias hermanas del norte para movilizar a la opinión pública de sus países sobre la necesidad de que la República Democrática del Congo respete los derechos humanos y los principios democráticos
Manifestación para pedir elecciones, el 21 de enero en Kinshasa |
El
coordinador de la comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de la
República Democrática del Congo, Clément Makiobo, anuncia que, pese a la
represión, la Iglesia monitorizará la violación de derechos humanos en el país.
Y denuncia la complicidad de empresas occidentales (incluida alguna española)
con el régimen de Joseph Kabila.
El
arzobispo de Kinshasa, cardenal Laurent Monsengwo, ha denunciado que la policía
ha utilizado «balas contra gente que marchaba con rosarios». ¿Qué pasó
exactamente en las protestas del 31 de diciembre y el 21 de enero?.
Las
fuerzas de seguridad del gobierno de Kabila reprimieron brutalmente las
manifestaciones pacíficas. En Justicia y Paz hemos formado a 300 observadores
en las 26 provincias del país. Una de sus misiones es hacer un seguimiento de
las manifestaciones. Nuestros analistas están preparando un informe con los
resultados que han enviado.
La Iglesia congoleña
medió inicialmente entre el gobierno y la oposición. ¿Cuándo se dio cuenta de
que todo era una estrategia de Kabila para ganar tiempo?
Creo
que cuando la mayoría presidencial del Parlamento, con la complicidad de
algunos miembros de la oposición, eligió en abril de 2017 a un primer ministro
que no había sido designado por la Agrupación de Fuerzas Vivas Partidarias del
Cambio, como pedía el acuerdo.
Esto,
junto al nombramiento como presidente del Comité Nacional de Supervisión del
Acuerdo de una persona distinta de la que el mismo pacto preveía, dejó claro
que la mayoría presidencial había optado por torpedear un acuerdo obtenido con
mucha dificultad gracias a la mediación de los obispos. Entonces, la Iglesia
decidió distanciarse del gobierno y jugar un rol profético.
¿Se transformó la
Iglesia en el enemigo?
La
oposición casi se había derrumbado en febrero de 2017 tras la muerte de su
carismático líder, Etienne Tshisekedi. Por eso la Iglesia se convirtió en el
único obstáculo para la deriva autoritaria de Kabila. En junio, los obispos
publicaron un mensaje en el que invitaban al pueblo a exigir con responsabilidad
la plena aplicación de lo acordado. Los laicos, haciéndose eco de este mensaje,
decidieron organizar las marchas. Estas convocatorias continuarán, aunque
paguemos por ello un elevado precio.
¿Por qué la Iglesia está
dispuesta a asumir tantos riesgos para que se celebren elecciones?
Son
importantes para garantizar la alternancia política. La República Democrática
del Congo ha conocido 32 años de dictadura, más cinco años de conflicto armado
con millones de muertos y desplazados. Dejar ejercer a Kabila un tercer
mandato, cuando la Constitución dice claramente que solo se puede renovar una
vez, se vería como una ruptura del pacto republicano y, por tanto, un regreso a
la dictadura. Para la Iglesia, es algo inaceptable.
¿Cuál es la situación en
las regiones donde los conflictos locales se han agravado por la inestabilidad
de Kinshasa?
En
Kivu del Norte y del Sur, en Tanganyka y en Kasai asistimos a un resurgimiento
de grupos armados, que están desplazando a la población a los países vecinos.
Justicia y Paz y Cáritas están prestando apoyo jurídico, psicológico y material
a los afectados. Pero sus medios son limitados ante la enormidad de las
necesidades.
Tras las primeras
sanciones impuestas por Estados Unidos y la UE a algún empresario cómplice de
Kabila, ¿cómo debería actuar la comunidad internacional con quienes se
benefician del comercio con las empresas del entorno del presidente?
El
impacto de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea es muy
limitado. Con todas las pruebas de violaciones masivas de los derechos humanos
por parte del gobierno de Kabila, los congoleños esperan de la comunidad
internacional actos represivos más contundentes hacia Kabila y sus
colaboradores. Desgraciadamente, tenemos la impresión de que ciertos países no
osan tomar una posición clara porque defienden sus intereses. En algunos medios
se habla bastante de que Francia quiere firmar contratos para la explotación
petrolífera en el este del país, y España para construir la presa Inga III en
el oeste. Pero no tenemos pruebas de estas acusaciones de connivencia.
[Un
consorcio europeo liderado por ACS, y otro chino encabezado por la corporación
Tres Gargantas aspiran a la construcción de la presa. El Banco Mundial abandonó
el proyecto en 2016 por falta de transparencia. Según las últimas
informaciones, recogidas por el semanario panafricano Jeune Afriquey por
la entidad pública española ICEX –vinculada al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad–, los dos consorcios preparan desde verano un
proyecto conjunto, ndr].
¿Qué se puede hacer
entonces desde Europa y EEUU?
Dependemos
de las iglesias hermanas del norte para movilizar a la opinión pública de sus
países sobre la necesidad de que la República Democrática del Congo respete los
derechos humanos y los principios democráticos, con el objetivo de garantizar
una paz duradera en esta región de África. Nuestro compromiso no es contra la
persona de Kabila, sino a favor del respeto de los derechos y los valores
democráticos que compartimos con toda la humanidad.
María
Martínez / R.B.
Fuente:
Alfa y Omega